Responsabilidad Social Empresarial y Balance Social
Análisis y Perspectivas en el Contexto Argentino
Corporate Social Responsibility and Social Balance Sheet
Analysis and Perspectives in the Argentinean Context
María Noelia Rupcic | ORCID: orcid.org/0009-0002-5245-6045
noerupcic@gmail.com
Universidad Católica de Cuyo.
Sofía Helena Ejarque Pizarro | ORCID: orcid.org/0009-0002-1053-1393
Universidad Católica de Cuyo.
María Paz García Lillo | ORCID: orcid.org/0009-0002-8864-585X
Universidad Católica de Cuyo
Argentina
Recibido: 24/6/2024
Aceptado: 30/7/2024
Resumen
El presente estudio aborda la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y su herramienta clave de medición: el Balance Social, que permite a las empresas mostrar su comportamiento en ámbitos social y ambiental. En un contexto donde la RSE ha cobrado cada vez mayor relevancia es fundamental que las empresas proporcionen información transparente que refleje su contribución al desarrollo sostenible de todos sus grupos de interés. En este sentido, la elaboración de un Balance Social se convierte en una herramienta crucial. El estudio se propone analizar la situación actual en relación con la normativa sobre RSE y Balance Social en el país.
Mediante un enfoque cualitativo se examinarán los desafíos y oportunidades que enfrentan las empresas en la implementación de prácticas de RSE y en la elaboración de su Balance Social.
Los resultados proporcionan una visión integral de la relación entre la RSE y el Balance Social. Se espera que este estudio contribuya a enriquecer la comprensión y la práctica de la RSE en el ámbito empresarial argentino y a promover un desarrollo sostenible más amplio en la comunidad.
Palabras clave: Responsabilidad Social Empresaria, Balance Social, Argentina, Medición.
Abstract
The present study addresses Corporate Social Responsibility (CSR) and its key measurement tool, the Social Balance Sheet, which enables companies to demonstrate their performance in social and environmental domains. In a business context where CSR has increasingly gained importance, it is crucial for companies to provide transparent information reflecting their contribution to sustainable development for all stakeholders. In this regard, the preparation of a Social Balance Sheet becomes a crucial tool. The study aims to analyze the current situation regarding CSR and the Social Balance Sheet regulations in the country. Through a qualitative approach, the study will examine the challenges and opportunities faced by companies in implementing CSR practices and preparing their Social Balance Sheet. The findings offer a comprehensive insight into the relationship between CSR and the Social Balance Sheet. It is anticipated that this study will contribute to enhancing understanding and practice of CSR in the Argentinean business sphere and foster broader sustainable development within the community.
Key words: Corporate Social Responsibility, Social Balance Sheet, Argentine, Measurement.
Introducción
En el contexto empresarial contemporáneo, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) surge como un factor crucial que influye en la percepción pública de las empresas y en las expectativas de sus grupos de interés (Ramirez y Zicari, 2024). En respuesta a esta creciente importancia, las empresas buscan cada vez más formas de demostrar su compromiso con prácticas sostenibles y éticas (Menzio, 2023). En este sentido, el Balance Social se ha convertido en una herramienta esencial que permite a las empresas mostrar de manera transparente su desempeño en áreas social y medioambiental (Perissé et al., 2022).
El auge de la RSE ha impulsado diversas iniciativas en todo el mundo con el propósito de difundir herramientas para la implementación de buenas prácticas empresariales y modelos de información y evaluación (Genovese y Beck, 2023). En la actualidad, las empresas que inician su camino hacia el desarrollo sostenible cuentan con una amplia oferta de herramientas de diagnóstico y gestión (Perissé, 2020). Incluso cuando estas empresas implementan prácticas sostenibles de manera inadvertida, se enfrentan a la complejidad de evaluar la adecuación de las propuestas existentes a su modelo de negocio (Geba Adamkova et al., 2015). Es así como surge el balance social como una alternativa a sus particularidades organizacionales, idiosincrasia y cultura empresarial, entre otros aspectos intrínsecos a cada entidad, inclusive cuando realizan prácticas sostenibles sin siquiera tenerlas identificadas, encuentran la complejidad de no conocer la adaptabilidad de las propuestas existentes su modelo de negocio, idiosincrasia, cultura organizacional y demás particularidades propias de cada organización (Colina y Senior, 2008).
Este estudio se propone examinar la intersección entre la RSE, el Balance Social y el papel del Contador Público en el contexto argentino. Para ello, es crucial comprender la situación actual en relación con la normativa sobre RSE y Balance Social en el país, así como el rol asignado a los profesionales contables en este ámbito. Con un enfoque cualitativo, se explora los desafíos y oportunidades que enfrentan las empresas en la implementación de prácticas de RSE y en la elaboración de su Balance Social. Al analizar estos aspectos, se busca proporcionar una visión integral de cómo la RSE y el Balance Social pueden contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad empresarial argentina.
Se espera que este estudio no solo enriquezca la comprensión de la RSE y el Balance Social en el ámbito empresarial argentino, sino que también fomente la adopción de prácticas más sostenibles y éticas, promoviendo así un desarrollo sostenible más amplio en la comunidad.
El presente trabajo aporta a la literatura los beneficios del balance social como forma de medición y exposición de los resultados económicos, sociales y ambientales de las empresas.
La Responsabilidad Social Empresaria
La RSE tiene sus raíces en la década de 1950, emergiendo como respuesta a las demandas de mayor compromiso social de las empresas, influido en parte por el colapso económico de 1929. Howard Bowen, en su obra Social Responsibilities of the Businessman (1953), fue uno de los principales impulsores de este enfoque, definiendo la RSE como las obligaciones que tienen los empresarios de impulsar políticas corporativas que respondan a las expectativas de la sociedad.
A lo largo de las décadas posteriores, la RSE evolucionó gracias a la contribución de diversas generaciones de pensadores. En los años 60 y 70, autores como Davis (1960) y Frederick (1960) contribuyeron al desarrollo de la RSE, mientras que otros, como Friedman (1970), la vieron principalmente como la maximización de beneficios. Durante los años 80, tras los escándalos empresariales, el concepto se amplió para abarcar responsabilidades económicas, legales, éticas y sociales (Carroll, 1979).
En el año 1994, John Elkington introdujo el concepto de Triple Bottom Line (TBL), una noción que aborda el desempeño de las empresas a través de tres dimensiones fundamentales: económica, ambiental y social. Este enfoque reconoce la importancia de no solo evaluar el éxito empresarial en términos de rentabilidad financiera, sino también considerar su impacto en el medio ambiente y en la sociedad en general (Elkington, 1998). La RSE también implica considerar los intereses de los grupos de interés o stakeholders de la empresa, en este sentido Freeman (1984; 1994) desarrolla la teoría de los grupos de interés, para medir la RSE. Según Wood (1991), la RSE se puede entender como una estrategia con principios, procesos de respuesta social, políticas y programas, cuyos resultados son observables por sus impactos.
Durante los años 90 aumentó el interés de las empresas por ser socialmente responsables, impulsado por llamamientos de diversos actores, incluidos gobiernos, organizaciones internacionales, ONG, consumidores y clientes (Lee, 2008). En 2001, la Comisión Europea publicó el Libro Verde para fomentar la RSE a nivel europeo, y en esta década, el concepto de sostenibilidad se volvió relevante dentro de la RSE (Hedberg y Von Malmborg, 2003). Surgieron clasificaciones de RSE según diferentes teorías (Garriga y Melé, 2004) y se posicionó la RSE como el valor compartido de la empresa basado en el progreso social (Porter et al., 2011).
En 1999, Koffi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas, estableció el Pacto Mundial o Global Compact como respuesta a los retos globales de la globalización. Lanzado en julio de 2000, el Pacto Global convoca a la comunidad internacional y al sector privado a comprometerse con valores universales en Derechos Humanos, Laborales y Medio Ambiente, buscando promover prácticas empresariales responsables y sostenibles para contribuir al desarrollo global equitativo y ambientalmente consciente (ONU, 2010).
Posteriormente, el concepto se amplió para incluir también la dimensión ética de la organización. Los referentes, Argandoña (1998, 2007) y Fontrodona y Marín (2019), abogaron por la construcción de un modelo de desarrollo integral, productivo y equitativo, basado en valores éticos, que priorice la dignidad humana y la erradicación de la pobreza a través de alianzas entre políticas públicas, empresas y sociedad civil. En Argentina, se destaca Kliksberg (2004) con el impulso de la RSE.
Tanto las organizaciones como sus partes interesadas reconocen la importancia de adoptar un comportamiento socialmente responsable, no solo por una cuestión de necesidad, sino también por los beneficios asociados (Pérez et al., 2016). Un comportamiento de este tipo puede conducir a mejoras significativas en diversos aspectos clave de la organización, incluyendo su ventaja competitiva, reputación, capacidad para atraer y retener talento humano, clientes y usuarios, así como mejoras en la productividad y la percepción positiva por parte de los inversores y otras partes interesadas (Reyno, 2006).
La RSE comprende un conjunto de prácticas y sistemas de gestión que buscan promover de manera voluntaria la sostenibilidad económica, social y medioambiental de la organización, así como mejorar la interacción con los stakeholders que operan en el ámbito de sus operaciones (Cuesta González, 2004).
La teoría de los stakeholders
La Teoría de los Stakeholders surgió como una respuesta crítica al enfoque de Milton Friedman, quien sostenía que las organizaciones empresariales sólo tenían la responsabilidad de maximizar los beneficios para sus accionistas (stockholders). R. Edward Freeman fue uno de los principales exponentes de esta teoría, argumentando que las responsabilidades de las organizaciones se extienden a todas las personas implicadas o grupos de interés (stakeholders).
Freeman (1984) define los stakeholders como cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser afectado por la realización de los objetivos de una organización. Estos grupos incluyen a los accionistas así como a los trabajadores, clientes, proveedores, la comunidad y el gobierno, entre otros.
La teoría sostiene que el grado de responsabilidad de una organización hacia sus stakeholders varía en función de la relación más o menos directa que estos tengan con la misión específica de la organización, sea esta al proporcionar algo a la organización o al recibir algo de ella. Los llamados stakeholders directos o primarios, que incluyen a los creadores de la organización y a sus miembros, tienen un mayor grado de responsabilidad, ya que son quienes configuran y ejecutan la misión de la organización. Por otro lado, los stakeholders indirectos o secundarios, que contribuyen indirectamente a la misión de la organización o son receptores menos directos de su actividad, tienen un grado de responsabilidad menor.
Entender quiénes son los stakeholders y cómo pueden influir en una organización es crucial para la toma de decisiones efectiva y el establecimiento de relaciones sólidas con la comunidad y el entorno en el que opera la organización. La matriz de materialidad es una herramienta utilizada en la gestión de la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial. Se basa en la identificación y priorización de los temas más relevantes o materiales para una organización y sus stakeholders. Estos temas materiales son aquellos que tienen un impacto significativo en la capacidad de la organización para crear valor a largo plazo y que son importantes para los stakeholders clave (De La Rosa Leal, 2023). La matriz de materialidad suele representarse gráficamente como una matriz de dos ejes, donde en el eje horizontal se ubican los temas que son importantes para la organización (por ejemplo, eficiencia energética, gestión de residuos, diversidad e inclusión), y en el eje vertical se sitúan los temas que son importantes para los stakeholders (por ejemplo, empleados, clientes, comunidades locales, inversores), tal como lo expone De La Rosa Leal (2023).
Es importante destacar que el concepto de stakeholders es ampliamente mencionado en la información y normativas relacionadas con el Balance Social. Sin embargo, la definición específica de quiénes son en una organización particular y su clasificación en directos o indirectos puede variar según características individuales, condiciones del entorno y la industria en la que opera la organización.
El Balance Social
Antecedentes
Las primeras presentaciones de informes sociales ocurrieron voluntariamente en la década de 1960 por algunas empresas estadounidenses, que reconocieron la necesidad de proporcionar información a la comunidad sobre su desempeño. Con el tiempo, muchos países europeos sancionaron numerosas normativas y se introdujeron varios proyectos de ley en todo el mundo para regular el marco conceptual de la RSE, incentivarla y requerir o fomentar la presentación de Informes Sociales o Balances Sociales por parte de ciertas empresas.
En 1973, Bélgica exigió la presentación del Balance Social mediante una ley, seguida por Francia en 1977, que también promulgó una ley que requería a las pequeñas y medianas empresas su presentación. Portugal comenzó a exigir la presentación de un Balance Social en 1985, mientras que en Dinamarca se promulgó una ley que establecía su elaboración y presentación para ciertas empresas en 2008.
En respuesta a este movimiento global, Argentina sancionó primero la Ley N° 25.250 y luego la Ley N° 25.877 sobre Régimen Laboral. Esta ley, en su art. 1°, derogó la primera, regulando en su capítulo IV la presentación de un Balance Social.
Desde entonces y hasta ahora se han presentado numerosos proyectos de ley en el Congreso argentino para establecer el marco legal de la RSE y del Balance Social, pero ninguno de ellos ha sido aprobado, ya que todos pierden estado parlamentario, con revisiones periódicas. Además, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó la Ley N° 2.594 el 6 de diciembre de 2007, estableciendo el marco legal del Balance Social de Responsabilidad Social y Ambiental (BRSA) para su jurisdicción.
La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FAPCE), como resultado de los proyectos de ley presentados en la Legislatura, creó la Comisión Especial sobre Balance Social. Si bien estos proyectos imponen la presentación de un Balance Social o algún informe de RSE que contenga información financiera, económica, social y ambiental, no mencionan a los profesionales en ciencias económicas que suelen manejar información financiera y económica, ni a los licenciados en administración que manejan información sobre el personal.
En este contexto, la Comisión Especial sobre Balance Social comenzó a investigar y capacitar a los profesionales en ciencias económicas sobre el Balance Social. También se creó una subcomisión integrada por miembros de la Comisión Especial de Normas de Contabilidad y Auditoría y de la Comisión Especial de Balance Social, con el objetivo de generar normas profesionales que indiquen cómo preparar y auditar el Balance Social.
Como resultado del trabajo realizado, los proyectos N° 23 de Resolución Técnica sobre Balance Social y N° 6 de Interpretación de Normas de Contabilidad y Auditoría del Balance Social están en la fase de respuesta a las observaciones realizadas durante el período de consulta, y posterior presentación para su aprobación por la Junta de Gobierno de la FACPCE.
Además, después de conocer el trabajo realizado por la Comisión de Balance Social de la FACPCE, se aprobó el Decreto N° 511/11 en Salta el 25 de enero de 2011, estableciendo el marco conceptual de la Responsabilidad Social y Balance Socioambiental en la provincia de Salta. Este decreto otorga ciertos beneficios a las organizaciones que certifiquen el Balance Socioambiental en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta (CPCES).
Simultáneamente con las normativas dictadas a nivel mundial, nacional y provincial han surgido diversas iniciativas en todo el mundo, mencionadas a su vez en estas leyes, con el fin de ofrecer modelos para la preparación, presentación y auditoría del Balance Social.
Entre las más conocidas se encuentran las AA 1000 - Accountability, una norma voluntaria desarrollada por el Institute of Social and Ethical Accountability, que permite medir los resultados sociales y éticos de las empresas. El objetivo principal es fortalecer y evaluar la credibilidad de los informes de sostenibilidad mediante una preparación integral, que muestre en general el desempeño sostenible de la organización.
Otro modelo ampliamente conocido son los Indicadores ETHOS (Brasil), creados por el Instituto ETHOS Brasil de Empresas de Responsabilidad Social, que son una herramienta de gestión y evaluación para las empresas que desean desempeñarse de forma socialmente responsable. Permite a las empresas evaluar el grado de desarrollo de las estrategias, políticas y prácticas de RSE. A través de un cuestionario de evaluación, las empresas pueden conocer, a nivel cualitativo y cuantitativo, cómo es su desempeño en esta materia por área y en forma total.
También está el Estado de Valor Añadido, que expone el valor económico generado por una empresa y cómo se distribuye entre aquellos que han contribuido a su creación.
Finalmente se puede mencionar el modelo más difundido y utilizado a nivel mundial, la Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad del Global Reporting Initiative (GRI). Esta iniciativa busca ofrecer un marco común para informar sobre el desempeño económico, ambiental y social de las empresas u organizaciones, siendo revisado y actualizado de forma permanente.
Importancia
Ventajas de su aplicación
Clasificación del Balance social
La categorización que se presenta a continuación es según la obra de Lorenzo, Geba, Montes y Schaposnik (1998) con el fin de comprender mejor cuáles son las posibles utilizaciones del Balance Social. El mismo puede seguir la siguiente clasificación.
Según el destinatario
Según la utilidad planteada
Según el nivel de participación
en su elaboración
Para este criterio el nivel de participación abarca la determinación de qué analizar, el modo de realizarlo y la evaluación de los resultados. Así se distinguen:
Según su obligatoriedad legal
Según el método empleado
para su elaboración
Se pueden encontrar muchas clasificaciones aquí, y muchas se refieren más al contenido que al método en sí. Entre ellas están:
Según su acercamiento a los modelos propuestos por la contabilidad tradicional, considerando a la contabilidad en un enfoque más amplio, como una disciplina social que abarca a la Contabilidad patrimonial o financiera, gerencial o administrativa, gubernamental o pública, económica y social, es posible agruparlos en:
Legislación Nacional -Ley N° 25.877
Es la única Ley nacional que exige y establece requisitos mínimos para la presentación de un Balance Social en Argentina. Esta Ley se sancionó el 2 de marzo de 2004 y regula el Balance Social en sus art. 25° a 27°.
Establece la presentación de un Balance Social donde se recoja información sistematizada relativa a condiciones de trabajo y empleo, costo laboral y prestaciones sociales a cargo de la empresa.
Su presentación es anual y la deberán hacer aquellas empresas que en el año anterior hayan ocupado a más de 300 trabajadores. Una vez elaborado deberá ser enviado por la empresa al sindicato con personería gremial signatario de la convención colectiva de trabajo que le sea aplicable.
La cantidad de balances a presentar variará de acuerdo al convenio colectivo aplicable. Si se aplicare un único convenio o el aplicable fuese de actividad, aunque las empresas empleen trabajadores distribuidos en varios establecimientos, deberán elaborar un balance social único. Si la misma empresa es suscriptora de más de un convenio colectivo de trabajo, deberá elaborar un balance social en cada caso.
Una copia del balance será depositada en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la que será considerada estrictamente confidencial. De esta manera el Ministerio podrá contar con información actualizada, periódica y a bajo costo, sobre las condiciones laborales de los empleados en Argentina, que le permitan elaborar políticas más acordes a la situación actual.
El balance social incluirá la información que seguidamente se indica, la que podrá ser ampliada por la reglamentación tomando en cuenta, entre otras consideraciones, las actividades de que se trate:
a) Balance general anual, cuenta de ganancias y pérdidas, notas complementarias, cuadros anexos y memoria del ejercicio.
b) Estado y evolución económica y financiera de la empresa y del mercado en que actúa.
c) Incidencia del costo laboral.
d) Evolución de la masa salarial promedio. Su distribución según niveles y categorías.
e) Evolución de la dotación del personal y distribución del tiempo de trabajo.
f) Rotación del personal por edad y sexo.
g) Capacitación.
h) Personal efectivizado.
i) Régimen de pasantías y prácticas rentadas.
j) Estadísticas sobre accidentes de trabajo y enfermedades inculpables.
k) Tercerizaciones y subcontrataciones efectuadas.
l) Programas de innovación tecnológica y organizacional que impacten sobre la plantilla de personal o puedan involucrar modificación de condiciones de trabajo. (Ley N° 25.877, Artículo 26°)
La información presentada por las empresas es de mucho beneficio para el Estado, quien obtiene de esta manera información actualizada, periódica y a bajo costo sobre las condiciones laborales en la Argentina. A su vez, obliga a las empresas a establecer sistemas de obtención de dicha información, y facilita su análisis y posterior auto evaluación sobre las condiciones laborales de su organización.
Cabe mencionar que dentro del mínimo de los datos requeridos no se encuentran aspectos medioambientales, demandando sólo aspectos laborales y económicos, dejando a voluntad de la empresa la presentación de dicha información.
Además de esto, la ley no estimularía a que las empresas establezcan una gestión responsable de manera permanente e integral, y tampoco la auditoría externa de la información presentada en los puntos c) al i).
Respecto a quién puede elaborar el Balance Social, la ley no menciona que debe ser preparada por un contador público, dejando abierta la posibilidad a personas con otra profesión.
Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas
Las actividades que viene realizando la Federación nacieron como consecuencia de los proyectos de Ley presentados en la legislatura sobre RSE, los cuales establecen la presentación de un Balance Social o memorias de RSE.
Como primer paso la Federación creó la Comisión Especial sobre Balance Social. Esta comisión comenzó su tarea con la elaboración de un documento que contiene antecedentes normativos, un esquema de presentación y de auditoría y un proyecto de Ley sobre Balance Social.
Asimismo, implementó una serie de acciones tendientes a lograr el reconocimiento de la profesión como partícipe necesario e indispensable en la elaboración y auditoría del Balance Social. Además, lleva a cabo un programa de capacitación para los profesionales que deseen incursionar en este campo y ha generado proyectos de normas contables y auditoría a través de la CENCyA para la actuación del profesional.
Los proyectos mencionados son el N° 6 de Interpretación de Normas de Contabilidad y Auditoría (Auditoría de Balance Social) y el N° 23 de Resolución Técnica sobre Balance Social, ambos en la fase de responder las observaciones realizadas durante el período de consulta, y posterior presentación para su aprobación por la Junta de Gobierno de la FACPCE.
Los mismos tienen como objetivos a) dar herramientas a los elaboradores y auditores del Balance social, para aplicar en aquellas jurisdicciones que ya lo han establecido como competencia del profesional en ciencias económicas, como es el caso de la provincia de Salta, y b) reafirmar la competencia del profesional en ciencias económicas para colaborar en su preparación y auditoría (FACPCE, 2011:2).
La aplicación de las normas contenidas en la RT N° 36 de FACPCE en la elaboración del Balance Social es fundamental, independientemente del tipo de entidad (pública, privada o mixta) y su naturaleza lucrativa o no lucrativa. La estructura del Balance Social incluye la Memoria de Sustentabilidad y el modelo del Estado de Valor Económico Generado y Distribuido (EVEGyD).
La Memoria de Sustentabilidad se elabora siguiendo las pautas y principios establecidos en la Guía para la confección de Memorias de Sustentabilidad elaborada por el GRI, modelo adoptado por la RT N° 36. Se presentarán los indicadores de manera comparativa con uno o más ejercicios anteriores, excepto en la primera elaboración del Balance Social.
El EVEGyD refleja el valor económico generado por la organización y los grupos sociales asociados. Se mide por la diferencia entre el valor de las ventas y los insumos adquiridos a terceros devengados en el ejercicio. Es importante destacar que el valor económico generado se diferencia del beneficio empresarial, ya que mientras el primero se refiere a la retribución de todos los grupos sociales involucrados en las actividades del ente, el segundo se refiere a la porción que corresponde a los propietarios al distribuir el valor económico generado.
La información a presentar en un Balance Social muestra los aspectos financiero, económico, social y medioambiental del comportamiento de las empresas con sus grupos de interés, siendo los profesionales en ciencias económicas quienes principalmente manejan la información referida a los tres primeros aspectos.
Metodología Balance Social
La metodología para la elaboración de un Balance Social se fundamenta en la necesidad de demostrar la contribución de la empresa hacia la mejora de aspectos económicos, sociales y ambientales. Este proceso representa la culminación de una etapa de conversión hacia prácticas de RSE. En este sentido, el Balance Social debe presentar el desempeño de la empresa considerando concepciones amplias de sustentabilidad, que incluyen análisis del contexto sectorial, local, regional o global en cuanto a recursos ambientales y sociales.
Existen diversos modelos metodológicos para elaborar un Balance Social: OIT, Eurostat, Ethos-IARSE y GRI. La Norma Contable Profesional RT N° 36 de la FACPCE sigue la tendencia del GRI, reconocido internacionalmente por su Marco de Elaboración de Memorias de Sustentabilidad.
La Guía GRI, respaldada por las Naciones Unidas, tiene como objetivo desarrollar un modelo de informe sustentable aplicable a todo tipo de organizaciones. Partiendo de una visión estratégica, busca proporcionar un informe periódico, creíble y consistente, basado en un lenguaje y coordenadas comunes. Esta guía contempla tres dimensiones: económica, social y ambiental, identificando categorías e indicadores cualitativos y cuantitativos.
La estructura de la Guía se basa en principios de transparencia, inclusión y verificación, garantizando la calidad y veracidad de la información. Se enfoca en aspectos como la accesibilidad, claridad y fiabilidad de los datos. Los requisitos para incluir información de calidad en el Balance Social, según el marco GRI, son: equilibrio, comparabilidad, precisión, periodicidad, claridad y fiabilidad.
Es crucial determinar detalladamente el contenido del informe teniendo en cuenta la experiencia y objetivos de la entidad, así como los intereses de los grupos de interés. Se debe incluir la matriz de los niveles de aplicación del GRI para mostrar el nivel declarado y quién ha evaluado. Los tres niveles de aplicación permiten cumplir con las necesidades de las entidades informantes, reflejando una cobertura progresiva del marco de elaboración de memorias del GRI.
Conclusión
En el transcurso de este estudio se han explorado diversas definiciones de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Sin embargo, se ha destacado la ausencia de un consenso unificado, lo que evidencia un proceso continuo de evolución y consolidación en el campo de la RSE.
Las reflexiones de Argandoña sobre la esencia de la RSE nos acercan a la comprensión de su función esencial en la sociedad: que las empresas rindan cuentas por sus acciones, omisiones e intenciones. Esta perspectiva sugiere que la RSE está emergiendo como un enfoque cada vez más prevalente entre los líderes empresariales de vanguardia. Por consiguiente, se puede argumentar que la RSE facilita un crecimiento sostenible, enfatizando la importancia de la divulgación transparente y completa de los aspectos económicos, sociales y medioambientales.
En este contexto surge la pregunta de cómo una empresa puede comunicar efectivamente su compromiso y prácticas en materia de responsabilidad social. Una estrategia propuesta en este trabajo es la elaboración y presentación de un Balance Social, documento integral que detalla la posición de la empresa en relación con estos aspectos. Sin embargo, se reconoce que la diversidad de modelos de informes existentes en Argentina dificulta la comparabilidad entre empresas y períodos de informes. Por lo tanto, se hace necesaria la adopción de un estándar común, como el propuesto por la FACPCE basado en la Guía GRI, para mejorar la coherencia y la comparabilidad de los informes sociales empresariales.
Además, se observa un creciente interés por parte del Estado en regular y promover la RSE a través de la legislación y los decretos. A pesar de estos avances, el proceso de normatización de la RSE y el Balance Social en Argentina es lento y presenta desafíos en términos de alineación de contenidos y modelos. Se destaca la importancia de las directrices proporcionadas por la FACPCE para orientar la elaboración y auditoría de informes sociales empresariales.
En resumen, la RSE está experimentando una evolución dinámica en Argentina, con una mayor atención tanto de las empresas como del Estado. Sin embargo, persisten desafíos de estandarización y comparabilidad de los informes sociales empresariales, lo que subraya la necesidad de una mayor coordinación y alineación en el ámbito normativo y práctico.
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