ARTÍCULOS LIBRES

TRAMAS SOCIALES • N° 06 | ISSN: 2683-8095

Justicia penal, control social

y delitos en el contexto de

conformación del Estado

provincial (San Juan, 1855-1890)

Criminal Justice, Social Control, and Crime in

the Context of Provincial State Formation (San

Juan, 1855–1890)

Lía Alejandra Borcosque

Recepción: 19/09/2024

Aceptación: 11/10/2024

Lía Alejandra Borcosque. Licencia-

da y profesora en Historia, Magíster

en Historia económica y Doctora en

Ciencias Sociales. Profesora e inves-

tigadora de la Facultad de Filosofía,

Humanidades y Artes, Universidad

Nacional de San Juan.

laborcosque@gmail.com

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TRAMAS SOCIALES • N° 06 | ISSN: 2683-8095

Resumen

En el presente trabajo analizamos el proceso -necesariamente no lineal- de

conformación, funcionamiento y transformación de las instituciones lo-

cales con atribuciones penales o criminales en la segunda mitad del siglo

XIX. Para ello atendemos especialmente a las de competencia judicial en

la ciudad de San Juan a partir del análisis de las leyes que las regulaba.

Asimismo, indagaremos en la transformación entre 1855 y 1890 del tipo de

delitos por los que los sujetos eran judicializados. Para ello dividimos el pe-

riodo analizado aquí en dos etapas, organizadas según las normativas pro-

vinciales de estructuración del poder judicial. El primero, inaugurado con

la sanción del Reglamento de Justicia del año 1855, constituyó una época

de enorme conflictividad política y bélica entre facciones diversas, que dio

lugar a un incremento del accionar judicial. El segundo momento se inició

con la sanción de la ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada en 1869, en

un intento de dar mayor ordenamiento y previsibilidad de las institucio-

nes estatales en un contexto de disminución de los conflictos bélicos. Para

explicar estas transformaciones nos situamos en el campo de la Nueva His-

toria del Derecho, combinando técnicas cualitativas – de observación do-

cumental y análisis de contenido- y cuantitativas -estadística descriptiva.

AbstrAct

In this paper we analyze the process -necessarily non-linear- of

conformation, functioning and transformation of local institutions with

criminal or penal attributions in the second half of the 19th century. For

this purpose, we will pay special attention to those of judicial competence

in the city of San Juan by analyzing the laws that regulated them.

Likewise, we will investigate the transformation between 1855 and 1890

of the type of crimes for which the subjects were prosecuted. For this

purpose, we divide the period analyzed here into two stages, organized

according to the provincial regulations structuring the judiciary. The

ﬁrst, inaugurated with the sanctioning of the Regulations of Justice in

1855, was a period of enormous political and military conflict between

different factions, which led to an increase in judicial action. The second

moment began with the passing of the Organic Law of the Judiciary,

approved in 1869, in an attempt to give greater order and predictability

to state institutions in a context of decreasing war conflicts. In order

to explain these transformations, we place ourselves in the ﬁeld of the

New History of Law, combining qualitative techniques (documentary

observation) and quantitative techniques, (descriptive statistics).

Palabras clave

Justicia penal, delitos, crimen, San

Juan

Keywords

Criminal Justice, Oﬀenses, Crime, San

Juan

Borcosque

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1. Introducción

las regulaba. Asimismo, indagaremos en un aspecto

de su actuación: la transformación cuantitativa en el

periodo estudiado del tipo de delitos o “crímenes” por

los que los sujetos eran judicializados. De esta manera

intentamos dar cuenta de las transformaciones en el

interior del campo judicial penal, analizando no solo

la letra de la ley y la doctrina de la época, sino también

la esfera de las prácticas institucionales, a ﬁn de des-

cubrir cómo funcionaban en realidad las instituciones

político-administrativas.

Luego de Caseros y la sanción de la Constitución nacio-

nal, la provincia de San Juan se sumó al ordenamiento

político institucional de la Confederación, en un pro-

ceso complejo en el que confluyeron problemas inhe-

rentes, entre otros, a la redeﬁnición de las élites locales

en relación al poder nacional y a conflictos suscitados

entre ellas por el manejo de los dispositivos para el ac-

ceso al poder y el sostenimiento de gobiernos bajo su

órbita. En este sentido, ante los permanentes levanta-

mientos federales en las provincias del oeste y norte,

los grupos dirigentes sanjuaninos procuraron concen-

trar el manejo de los resortes institucionales políticos y

coercitivos mediante una serie de sistemas normativos

que, al mismo tiempo que ordenaban y organizaban

las estructuras de gobierno, clausuraban las posibili-

dades de acceso de estos grupos y sus aliados al poder.

Entre estos, las leyes de creación y funcionamiento del

sistema judicial, así como las que instituían el sistema

de delitos y castigos tuvieron un rol fundamental en

los objetivos mencionados.

Si bien hemos recurrido a un abanico documental, son

centrales las leyes y decretos provinciales de ordena-

miento judicial, así como la información de las Me-

morias del Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción

Pública y de los procesos judiciales conservados en el

Archivo del Registro Inmobiliario y Poder Judicial de

San Juan entre los años 1855 y 1886.³Además, en esta

investigación nos situamos en el campo de la Nueva

Historia del Derecho con una propuesta metodológica

propia (Sanjurjo, 2006, Hespaña, 2002) y la combina-

ción de técnicas cualitativas del método histórico -ob-

servación y análisis documental- (Salomón Tarquini et

al., 2019) y cuantitativas con la construcción y análisis

de series estadísticas, aplicando la técnica de estadísti-

ca descriptiva (Masseroni, 2016; Graham, 2009).

En el presente trabajo analizaremos el proceso -necesa-

riamente no lineal- de conformación, funcionamiento

y transformación de las instituciones locales con atri-

buciones penales o criminales en la segunda mitad del

siglo XIX.¹Si bien sabemos del complejo entramado de

agencias penales existentes en este periodo en la pro-

vincia², en nuestro caso atenderemos especialmente

a una de estas -las de competencia judicial en la ciu-

dad de San Juan- a partir del análisis normativo que

Hemos dividido el periodo analizado aquí en dos eta-

pas, organizadas según las normativas provinciales

de estructuración del poder judicial. El primero, inau-

gurado con la sanción del Reglamento de Justicia del

año 55, constituyó una época de enorme conflictividad

entre facciones políticas diversas y de enfrentamien-

to militar, que dio lugar a un incremento del accionar

judicial. El segundo momento se inició con la sanción

de la ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada en 1869

pero aplicada a partir de 1870. Ésta, junto a la aproba-

ción de numerosas normativas, implicó un intento –no

siempre exitoso- de mayor ordenamiento y previsibi-

lidad de las instituciones estatales en un contexto de

disminución de los conflictos bélicos. Sin embargo, los

gobiernos debieron afrontar una permanente inesta-

bilidad ﬁnanciera, por lo que se suprimieron algunos

juzgados, se dieron de baja a numerosos empleados

y funcionarios; se suprimió el Juzgado del Crimen, lo

1

Escasos son los estudios que han abordado localmente las temá-

ticas aquí propuestas. Uno de los trabajos pioneros en el análisis de

la estructura judicial es el de Ramella (1974) quien analiza la consti-

tución del poder judicial en la provincia de San Juan desde los llama-

dos tiempos patrios hasta la década de 1880. Más recientes son los

de Hernández, Castilla y Storni (2016) y el de Riveros y Lirussi (2016)

quienes recuperan la trayectoria de los jueces de la Corte Suprema,

en el primer caso en la larga duración del siglo XIX y en el segundo,

a inicios del siglo XX.

2

En San Juan existía un conglomerado de instituciones de go-

bierno con atribuciones judiciales y penales con múltiples y difu-

sas áreas de intervención. La llamada “justicia provincial” –y sus

órganos departamentales- coexistía con un conjunto de agencias

estatales que, muchas veces se solapaban y disputaban funciones:

los tribunales militares, los jueces federales, los gobiernos munici-

pales, las autoridades policiales, etc.

3

El conjunto de expedientes conservados en el Fondo Penal cons-

tituye una muestra parcial del total de procesos judiciales, ya que

este archivo ha pasado por sucesivos procesos de eliminación de

gran parte del contenido original.

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que redundó en una abrupta disminución de juicios

penales. Finalmente, la aprobación de una nueva ley

Orgánica del Poder Judicial en 1886 y aplicada desde

1890 clausura la segunda etapa aquí estudiada.

tante heterogéneo de temas aﬁnes: la forma de desig-

nación de las autoridades, los procedimientos a seguir

en las causas, una somera tipiﬁcación de delitos, lugar

y horario de atención de los juzgados, administración

de la cárcel, entre otras.⁶Aunque no se establecieron re-

querimientos de edad, idoneidad o nacionalidad para

ejercer los cargos judiciales, estos requisitos fueron in-

corporados en una ley sancionada en el mismo año, por

la cual, además, se creaba en la capital dos Juzgados

de Letras, uno de los cuales entendería en asuntos cri-

minales.⁷Respecto de la designación de los jueces de la

Suprema Cámara y de los jueces letrados, se indicaba

que era el “Gobierno” quien los elegía, sin especiﬁcar el

procedimiento o a que poderes especíﬁcos se refería,

aunque es posible inferir que esta era una atribución

del ejecutivo de turno. Un año después la Constitución

provincial otorgó esta función al gobernador.

2. Coerción legal y delitos. La justicia

penal sanjuanina entre 1855 y 1869

Luego de la sanción de la Constitución nacional de 1853

las provincias fueron adecuando sus ordenamientos

internos al nuevo marco jurídico establecido por la ley

fundamental, en el caso de San Juan la constitución

provincial se sancionó el 25 de abril de 1856. En ésta se

establecía la potestad exclusiva del poder judicial sobre

procesos contenciosos y la inamovilidad de los jueces,

preveía la existencia de un tribunal superior (Cámara

de Justicia) y dejaba la justicia de Paz en manos de las

autoridades municipales⁴, al tiempo que se exigía que,

en un máximo de tres años, se dictara una “ley orgá-

nica del sistema judicial” que ordenara los tribunales.

Sin embargo, un año antes de sancionada la carta pro-

vincial ya se había aprobado el Reglamento de Justicia,

un ordenamiento especíﬁco de este poder que estuvo

en vigencia, con algunas modiﬁcaciones, hasta 1869.⁵

El Reglamento de 1855 no sólo deﬁnía la estructura del

sistema judicial, sino que regulaba un conjunto bas-

Por otro lado, las atribuciones penales o criminales⁸

estaban asignadas a diversas autoridades, diferencia-

das según el tipo de delitos en que entendía – las que

siguiendo las antiguas prácticas coloniales, se dividían

en mayor y menor cuantía-. Para los delitos leves o “fal-

tas livianas”, el reglamento indicaba la intervención del

juez de Paz, quien entendía en la circunscripción del

demandado. Los jueces de Paz o jueces pedáneos te-

nían funciones judiciales en la ciudad y las localidades

4

Esta Carta Provincial preveía la división territorial de la pro-

6

El Reglamento contaba con 145 artículos divididos en once títu-

vincia en departamentos o municipios y estos a su vez en distritos

teniendo en cuenta a la población (art. 36). Sin embargo, estas dis-

posiciones no entraron en vigencia debido a los sucesivos enfren-

tamientos y conflictos bélicos que atravesó San Juan en los años

siguientes. Por lo que cada gobierno fue nombrando a las autori-

dades municipales con ﬁnes prácticos a partir de leyes especiales

que seguían a anteriores denominaciones coloniales y posteriores

ordenamientos territoriales: división en cuarteles, en distritos de

irrigación (según los reglamentos de irrigación de 1851 y 1858), en

curatos eclesiásticos y en secciones especíﬁcas para recaudación de

impuestos. (Ferrari, 1993, 7-13).

los: 1- De los juicios en general (art.1-2), 2- Juicios de menor cuantía

(art.3-20), 3- Juicios de mayor cuantía (art. 21-42), 4- Juicios Prácticos

(art.43-52), 5-Conocimientos en Negocio de Hacienda (art. 53-58), 6-

Causas de Comercio (art. 56-61), 7- De la Suprema Cámara de Justi-

cia (art. 62-83), 8- Del Presidente de la Suprema Cámara de Justicia

(art. 84-97), 9- De los Acuerdos de la Suprema Cámara de Justicia

(art.94-97), 10-Visita de Cárcel (art. 98-110) y 11-Disposiciones Gene-

rales (art. 111-145). (Ferra et al., 2007, pp. 282-294)

7

Por esta ley, aprobada posteriormente al Reglamento, se supri-

mieron los juzgados de Orden y el cargo de Asesor General y se creó

en su lugar dos Juzgados Letrados, uno en asuntos civiles y otro en

asuntos criminales. En cuanto a los requisitos para asumir como

juez de Letras se indicaba tener más de 25 años, gozar de buena re-

putación y haber “… ejercido por algún tiempo con estudio abierto

la profesión de Abogado, habiendo obtenido para ello el título suﬁ-

ciente.” (Ferrá et al., 2007, pp. 295-296)

5

Este Reglamento fue elaborado y sancionado durante el go-

bierno de Francisco Díaz (1855-1857), inicialmente federal cercano a

Nazario Benavides, aunque durante su gobierno fue alejándose del

caudillo y trabajando más cerca de algunos liberales para formar un

gobierno de conciliación. Algunas medidas de su gobierno incluye-

ron la creación de escuelas, la instalación de una administración de

rentas nacionales, la aprobación de disposiciones para mejorar la

policía, el hospital y la cárcel. (Videla, Tomo IV, 1976; Varese y Arias,

1966)

8

Si bien sabemos que los dos conceptos actualmente tienen sig-

niﬁcación diferenciada, para este trabajo los utilizaremos indistin-

tamente como aparecen en las fuentes de la época estudiada.

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de la campaña, eran nombrados anualmente por el go-

bierno provincial y duraban un año en sus cargos, pu-

diendo reelegirse indeﬁnidamente. También establecía

el tiempo obligatorio de trabajo (tres días a la semana y

cuatro horas por día). Se habilitaba el juicio verbal, pero

dejando constancia escrita de las sentencias en libros

especiales, así como la posibilidad de consulta a otro

juez de Paz de una circunscripción vecina, a un perito

o a un letrado ante “causas difíciles”. Asimismo, se obli-

gaba al traslado de la causa a un juez letrado en caso de

apelación o de considerar que el delito era grave. Como

dijimos antes, un año después, la Constitución provin-

cial instruía que la justicia de paz en las localidades era

de competencia exclusiva de los gobiernos municipales

o cabildos, aunque bajo el control de la Cámara de Justi-

cia en su funcionamiento y administración.

de las sentencias. Así como en el caso de los jueces de

Paz, los jueces letrados eran designados por la legisla-

tura provincial, podían ser reelegidos de forma indeﬁ-

nida. Además, por otra ley se determinó los requisitos

de estos funcionarios; debían tener más de 25 años, go-

zar de buena reputación y haber “… ejercido por algún

tiempo con estudio abierto la profesión de abogado,

habiendo obtenido para ello el título suﬁciente.” (Ferrá

et al., 2007, p 295) Entendía en las causas de los lla-

mados delitos “graves”, sustanciaba el juicio y tomaba

las declaraciones a los testigos¹⁰, interviniendo otras

ﬁguras judiciales, como el ﬁscal del Estado, el abogado

defensor o los jueces de la Suprema Cámara de Justi-

cia. Si el juez letrado no podía llevar adelante algún

juicio (por implicancia, recusación o imposibilidad), la

causa pasaba a otro juez de letras o a los abogados que

existieran en la provincia y, ante la ausencia de éstos,

el Gobierno debía nombrar a dos ciudadanos legos que

continuaban el juicio. Las apelaciones a las sentencias

eran elevadas al Suprema Cámara de Justicia, quien

entendía en última instancia.

Una gran parte de las atribuciones judiciales se con-

centraban en la Suprema Cámara, compuesta por tres

miembros y cuatro suplentes, elegidos por tres años y

con posibilidades de reelegirse indeﬁnidamente.⁹Este

supremo tribunal ya tenía existencia, al menos des-

de 1851 cuando la Sala de Representantes suprimió el

cargo de Juez Supremo de Alzada como magistratura

de última instancia y restableció la Corte o Cámara

de Justicia creadas en la década de 1820 (Ferra et al.,

2007). En el reglamento de 1855 el Presidente de la Cá-

mara centralizaba las funciones de control de todo el

sistema judicial, pudiendo “reprender, apercibir e im-

poner penas correccionales a los empleados subalter-

nos por infracción de sus deberes…” (art. 88), así como

su voluntad se imponía en los acuerdos y deliberacio-

nes en las cuales hubiera paridad de votos. Era justicia

en primera instancia en los casos de disputas entre las

autoridades judiciales por competencias, en caso de

pedidos de nulidad, denegación, disenso o dilación en

la administración de los jueces de orden. Además, las

sentencias de los jueces del crimen en que los castigos

fueran pena de muerte, destierro de más de seis años,

perdimiento de un miembro debían ser refrendadas

por el Tribunal, pero con cinco miembros.

Si bien la normativa instituía que la duración de los

jueces letrados era de dos años y reelegibles indeﬁni-

damente, éstos duraban muy poco tiempo en sus car-

gos siendo permanentemente reemplazados debido a

renuncias, traslados a otros cargos, desplazamientos

o cesantías. El clima convulsionado por los enfrenta-

mientos entre las distintas facciones políticas en este

periodo se traducía en el recambio permanente de

quienes conformaban, no solo el ejecutivo y el legislati-

vo, sino también el poder judicial. Así, entre 1855 y 1869

hubo al menos diecinueve jueces del Crimen, muchos

de los cuales duraban apenas pocos meses o días. Por

ejemplo, en el año de 1860, uno de los momentos de

mayor disputa y enfrentamiento violento entre faccio-

nes políticas, hubo al menos cinco jueces letrados en lo

criminal (tabla 1).

Además de la rotación y cesantías por asuntos políti-

cos, la falta formación jurídica y conocimiento de los

procedimientos judiciales era considerado un proble-

ma. El plantel de jueces sanjuaninos se caracteriza-

ba por contar muy pocos con el título profesional y si

bien la normativa indicaba que debían ser abogados,

la verdad es que pocas veces esto sucedía debido a la

Con respecto a las autoridades que intervenían en cau-

sas criminales, la ﬁgura más importante era el Juez Le-

trado del Crimen, quien intervenía y dictaba la mayoría

9

Debían dejar constancia escrita de su accionar judicial y comu-

nicarlo cada cuatro meses al ministro de Gobierno para su publica-

ción, así como de un informe de las visitas a las cárceles de la capi-

tal, tarea obligatoria de este organismo (Ramella, 1974).

10 Existía una salvedad para esta condición; en el caso que los

testigos estuviesen en un lugar distante al Juzgado de Letras podría

tomar las declaraciones el Juez residente en ese lugar.

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Tabla N° 1: San Juan. Jueces penales o del Crimen.

1855-1869

Elaboración propia en base a las causas judiciales existentes

en el Fondo Penal Archivo del Poder Judicial y Registro Inmo-

biliario de la Provincia de San Juan [APJ] y Videla (1862), Arias y

Varese (1966)

existencia exigua de estos profesionales en la provin-

cia.¹¹Aunque establecido por el Reglamento de 1855, en

1863 se aprobó una nueva normativa que obligaba a los

jueces, ﬁscales y defensores a tener diplomas de aboga-

dos, al tiempo que habilitaba al gobierno, a través de la

Cámara de Justicia, a otorgar nuevos títulos habilitan-

tes. De esta manera se trató de solucionar un problema

de larga data en la provincia.¹²

¿Cuáles eran los funcionarios judiciales penales que

ﬁnanciaba el Estado sanjuanino? Las leyes de presu-

puestos anuales para la administración provincial –y

su normativa complementaria- dan cuenta de la estruc-

tura judicial que ejercía funciones y recibía salario ﬁjo.

Entre estos no estaban incluidos los jueces de Paz ni los

escribanos, quienes cobraban sus honorarios según lo

indicado en las causas judiciales o en leyes especiales.

Así el presupuesto de 1860 indicaba la existencia de tre-

ce agentes judiciales en la Capital, de los cuales, nueve

ejercían en forma permanente sus funciones - cuatro

suplentes- y seis tenían funciones penales o criminales.¹³

11 En 1856 una nota del ministro Duran invitando a los abogados

del foro a prestar juramento indicaba la presencia de quince letra-

dos o licenciados en derecho. En 1861 se elaboró una matrícula de

abogados, clasiﬁcados en dos categorías; con estudios universita-

rios y autorizados o licenciados. Un solo letrado se encontraba entre

los primeros, y el resto eran licenciados: Tadeo Rojo, Rafael M. de

Igarzábal, Santiago Cortínez, Saturnino de la Presilla, Juan Llere-

na, Timoteo Salas, entre otros. (Videla, 1976) El censo de 1869 pre-

sentaba apenas trece abogados (que ejercían como tales) para toda

la provincia, diez en la Capital y tres fuera de ésta. Primer Censo

Argentino (1869) p. 394

Un par de años después, el personal judicial con salario

aumentó a diecisiete agentes, nombrándose un escriba-

cretos [FLD]. Decreto reglamentario de la profesión de abogado del

3 de febrero de 1863

13 Los que podían intervenir en los juicios criminales eran los

jueces de la Suprema Cámara, el juez del Crimen, escribano, ﬁscal y

abogado defensor. Los jueces de Paz podían ejercen funciones cri-

minales, pero no fueron contemplados en los presupuestos anuales

porque no recibían salario; los gastos de su administración y algún

posible estipendio eran obtenidos de las costas de las causas civiles

y penales.

12 La ley determinaba las condiciones del examen para los títu-

los habilitantes: “…examen teórico práctico, por el término de dos

horas, sobre derecho civil, criminal, Mercantil y de Minas…los que

rendirán y presentarán los solicitantes ante la Excma. Cámara de

Justicia.” Archivo General de la Provincia [AGP], Fondo Leyes y De-

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no y secretario con funciones especíﬁcas en el juzgado

del Crimen, además de otro juez letrado que entendería

en asuntos comerciales y funcionarios de apoyo (secre-

tarios, escribanos, ordenanzas). Esta estructura apenas

se modiﬁcaría en los años siguientes, mostrando un

leve aumento de funcionarios en la Superior Cámara

de Justicia (tabla 2). Claro que esta exigüidad de funcio-

narios implicaba retrasos y dilaciones en los procesos

administrativos, sobre todo en momentos de gran con-

flictividad política y bélica, cuando el número de causas

aumentaba y se volvía imposible cumplir con los plazos

estipulados por la normativa.

los delitos con penas reducidas.¹⁴De los delitos graves y

de todos aquellos que no caían bajo la órbita de los jue-

ces de Paz o el Superior Tribunal, entendían los jueces

letrados. Anclado en la legislación penal colonial, el re-

glamento caliﬁcaba como graves las injurias o acciones

contra funcionarios de gobierno, sus familiares o dis-

cípulos; también los crímenes políticos que atentaban

contra el poder constituido como los de conspiración,

sedición, motín, tumulto y asonadas. Se incluía en esta

categoría las detenciones arbitrarias cometidas por fun-

Ante la ausencia de codiﬁcación penal local o nacional

para este momento, el Reglamento de 1855 incorpora-

ba una clasiﬁcación general de delitos en leves y graves

para indicar las competencias de los magistrados. Si-

guiendo la normativa colonial, los delitos considerados

leves en los que entendía el juez de Paz eran las injurias

“livianas” -de obra y de palabra- entre personas de igual

condición social, los robos y hurtos de menor cuantía y

14 Con una fuerte tradición heredada de la colonia, el Reglamen-

to se refería a los delitos de injurias de palabra “livianas” y las inju-

rias de obra sin armas ni efusión de sangre, contusión o daño grave,

entre personas de condición o rango relativamente “iguales”. Los

hurtos si eran simples, los fraudes o engaños cuyo monto fuera de

“menor cuantía (25 pesos). También el Juez de Paz entendía en toda

acción delictiva cuya pena no fuese mayor a tres meses de presidio

y de otros delitos que tuviesen pena de satisfacción o pecuniaria

menor de cien pesos. (art, 7° y 8°).

Tabla N° 2: San Juan. Funcionarios del Poder Judicial

de la Capital según leyes de presupuestos anuales.

Elaboración propia en base a: AGP. Fondo de Leyes y Decre-

tos. Leyes de presupuestos para los años 1860, 1863 y 1869.

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cionarios. Graves eran también los robos, hurtos graves

(con intervención de violencia o armas); forados, forza-

mientos de puertas y cerraduras, traspaso de murallas,

y demás delitos con “penas duras”. En relación a estas

últimas, se indicaba que cuando el castigo era pena de

muerte, pérdida de un miembro, destierro de la provin-

cia o prisión de más de un año debía ser avalada, como

dijimos, por la Suprema Cámara de Justicia.

gran parte de los argumentos jurídicos y sentencias de

defensores, ﬁscales y jueces en las causas provincia-

les.¹⁷En el análisis de la evolución de los delitos, toma-

remos la clasiﬁcación que Tejedor hizo en su proyecto

de 1866, ya que este autor fue ampliamente utilizado

por los juristas sanjuaninos para la clasiﬁcación y sus-

tento teórico en los juicios.

En relación a los juicios llevadas adelante por la justicia

provincial entre 1855 y 1869, los robos, hurtos y demás

Respecto a la caracterización y castigo de los delitos,

tanto el reglamento de 1855¹⁵como los procesos de me-

diados del siglo XIX muestran que continuaba apli-

cándose la codiﬁcación del derecho penal indiano, en

especial el Fuero Juzgo, la Novísima Recopilación y

las Partidas. Desde los primeros años de la década de

1860, se sumó el Curso de Derecho Criminal de Carlos

Tejedor (1860), y más tarde el proyecto del Código Pe-

nal (1866) del mismo autor¹⁶que en San Juan sustentó

derecho criminal y mercantil de la Universidad de Buenos Aires,

cuyos apuntes, aumentados y corregidos fueron publicados como

Curso de Derecho Criminal. Esta obra tuvo una primera edición en

junio de 1860 y una segunda en 1871 y varias de sus fuentes también

se transcribieron en su Proyecto de Código Penal de 1866 (Olaza Pa-

llero, 2020).

17 En algunos trabajos previos estudiamos la aplicación de la

normativa en las causas judiciales por el delito de infanticidio en

el periodo de 1856 y 1922 y pudimos registrar los cambios y perma-

nencia de la aplicación de la normativa colonial y moderna para este

delito (Borcosque y Kaluza, 2020; Borcosque, 2019). Lo mismo para

los delitos de injurias de la prensa o por otro tipo de impresos como

libelos y pasquines (Rueda, 2021).

15 El rango o condición social como factor determinante en la

gravedad del delito, castigos como el destierro, la pena de muerte,

las amputaciones de partes corporales muestran la continuidad del

aparato legal hispano en el reglamento de 1855.

16 En 1857 Carlos Tejedor se había hecho cargo de la cátedra de

Figura N° 1: Cantidad de causas judiciales penales

existentes en el Archivo del Poder Judicial (1855-1890)

Elaboración propia según causas judiciales existentes en el

Fondo Penal del Archivo del Registro Inmobiliario y Poder

Judicial de San Juan entre los años 1855 y 1911

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delitos contra la propiedad fueron los más numerosos

(ﬁgura 2), principalmente el robo de ganado o abigea-

to, que sobrepasaba en número a otro tipo de hurtos¹⁸.

Como en otros territorios (Yangilevich, 2008; Salva-

tore, 2010) los castigos eran excesivamente duros, en

algunos casos llegó a aplicarse la pena de muerte. La

defensa de la propiedad privada adquirió en esos años

una relevancia especial para las autoridades judiciales

que, tanto en la campaña como en las ciudades, busca-

ron disciplinar a la población en un contexto de enor-

me conflictividad bélica y política. Además, el ganado

era muy valorado como principal producto económico

de la región¹⁹y por ser fundamental como medio de

transporte y supervivencia de los ejércitos de línea y

milicias montoneras. En relación a esto, la década de

1860 y primera mitad de 1870 se persiguió el abigeato

-y sus delitos asociados como complicidad en hurto de

animales, compra y venta de animales robados, ocul-

tamiento de cuatreros, tropelías y salteos, entre otros-

como uno de los principales crímenes vinculados a los

de sedición e invasión. Además, cuando se establecía el

estado de sitio, era considerado como crimen de gue-

rra y traición a la patria. ²⁰

con alfalfares de los pequeños oasis de la provincia y exportados a

pie por los pasos cordilleranos a Chile para suplir las necesidades de

ganado de las minas de Norte Chico (Copiapó, Huaico y Coquimbo).

(Borcosque, 2010 y 2011)

18 De los 319 juicios iniciados por delitos contra la propiedad, 136

corresponden a robo de ganado, 126 a hurtos y robos en general y

el resto incluía daños y tropelías (48 causas) y por falsiﬁcación de

documentos (9 causas). APJ, FP. Cajas correspondientes a los años

de 1855 a 1869.

20 Durante el gobierno de Sarmiento (1862-1864) se aprobaron

una serie de decretos y leyes que declaraba a la provincia en esta-

do de sitio y establecía el ganado caballar y mular, y las haciendas

de vacunos como artículos de guerra por lo que podían ser embar-

gados o conﬁscados por parte del poder Ejecutivo, jueces de Paz

y agentes policiales. (AGP. FLD. Ley 140 del 24/4/1862 y Ley 172 del

21/9/1863. Decretos del 24/4/1862, del 27/3/1863 y del 18/9/1863). Más

adelante, en el contexto de la guerra con el Paraguay, nuevas leyes

buscarían controlar la salida de ganado fuera de la provincia, casti-

gando duramente con penas militares a quienes no cumplían con la

normativa. AGP, FLD. Ley 203 del 19/8/1865

19 La ganadería comercial y el cultivo de forrajeras asociado al

engorde del ganado vacuno, mular y caballar para su exportación

en pie a los mercados consumidores en Chile se convirtió en la prin-

cipal actividad productiva y comercial de la región, generando un

nuevo modelo económico que perduraría durante varias décadas.

El ganado proveniente de las regiones de las provincias del norte y

centro era engordado en las invernadas y en los campos cultivados

Figura N° 2: Cantidad y tipo de delitos en la ciudad

de San Juan entre 1855 y 1869

Elaboración propia según causas judiciales existentes en el

Fondo Penal del Archivo del Registro Inmobiliario y Poder

Judicial de San Juan entre los años 1855 y 1911

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Como se observa en la ﬁgura 2, a los crímenes con-

tra la propiedad le seguían en número los que aten-

taban “la integridad de las personas”, que incluían a

heridas, lesiones y “estropeos”, denominados también

“injurias de hecho” (Levaggi, 1978, 46). Estos delitos se

daban en un sinnúmero de situaciones, siendo común

que fueran el resultado de peleas con intervención de

armas blancas y tanto acusados como víctimas estu-

viesen en estado de ebriedad. Si había víctimas he-

ridas de gravedad, la policía instruía el sumario y lo

elevaba al juez, pero si las heridas eran leves o solo

había golpes, eran detenidos por los agentes policia-

les quienes dictaminaban el castigo: habitualmente

prisión de algunos meses o días en el calabozo o en

la cárcel.

muy pobres y en su mayoría dedicadas al servicio do-

méstico (Borcosque, Kaluza, 2020).

En relación al conjunto de delitos de este periodo, dos

momentos destacaron por la mayor incidencia numé-

rica (ﬁgura 1). El primero de estos, entre 1858 y 1860,

estuvo caracterizado por un clima agitado de enfren-

tamientos políticos y bélicos, nacionales y provincia-

les. Las numerosas rebeliones locales e intervenciones

federales, los enfrentamientos políticos de la llamada

“cuestión San Juan” (1859-1860), los asesinatos de los

gobernadores Nazario Benavidez (1858), José A. Viraso-

ro (1860) y Antonino Aberastain (1861), fueron los más

importantes, aunque no los únicos, hechos conflictivos

que se desarrollaron en el espacio sanjuanino (Videla,

1976; Varese y Arias, 1968). En ese contexto, las causas

penales llevadas adelante por los tribunales mostraron

una mayor incidencia de los delitos contra la propie-

dad, en especial abigeatos y robos, seguidos por los

delitos contra la integridad de las personas (heridas,

golpes y peleas), mientras que los delitos contra la hon-

ra –principalmente, injurias de palabra- ocupaban el

tercer lugar en importancia.²²

Asimismo, las acciones que atentaban la honra y la

honestidad de las personas quedaron incluidas en el

delito de “calumnias e injurias de palabra” y se dieron

en gran número en el periodo aquí estudiado. Consi-

deradas ofensas al honor y el buen nombre de las per-

sonas, hubo numerosas denuncias que involucraron a

funcionarios o personalidades relevantes de la socie-

dad (Rueda, 2021). Tanto si eran injurias escritas, co-

múnmente a través de la prensa, como las enunciadas

verbalmente, las penalidades quedaban al arbitrio del

juez, pero fueron comunes los castigos de dos a tres

meses de prisión o multas pecuniarias. Además, como

delitos privados, el accionar judicial e instancia corres-

pondía a la parte ofendida (Levaggi, 1978).

El segundo momento de incremento de juicios penales

fue el comprendido entre 1865 y 1869. Hacia mediados

de 1867 el número de causas penales iniciadas supe-

ró las posibilidades del juzgado de primera instancia

para avanzar en su resolución -con los plazos que obli-

gaba el Reglamento de Justicia- por lo que se resolvió

que “...el caso de recargo de causas en los juzgados…

será considerado un impedimento legal para la admi-

sión de otras nuevas.”²³Las luchas entre unitarios y

federales fue el escenario de fondo de numerosos en-

frentamientos locales y regionales que se reflejaron en

las intervenciones nacionales, connatos de revolución,

movimientos conspirativos y asonadas militares. La

conspiración del Presbítero Castro Boedo en 1865, la

revolución e invasión de los Colorados desde el sur y el

accionar en el norte de las montoneras de Felipe Vare-

la apoyando el gobierno federal de la provincia (1866 y

1867), la llegada de los ejércitos nacionales para soste-

Por su parte, de los delitos contra la vida, los homicidios

prevalecieron sobre otros como suicidios, parricidios o

infanticidios. Los homicidios fueron penados con cas-

tigos que iban desde la pena capital hasta la prisión por

varios años y se establecieron tanto por el derecho colo-

nial como por leyes provinciales. Para este delito, la ley

sanjuanina de 1827 determinaba que “si alguno quitase

a otro la vida, no estando autorizado para ello por la

ley reo es de muerte”.²¹Más tarde, el proyecto de código

penal de Tejedor mantuvo este castigo para los homi-

cidios sin atenuantes, pero eximiendo a las mujeres,

los menores de dieciocho años y los mayores de setenta

(Tejedor, 1866). Por otro lado, el infanticidio fue una de

los principales motivos por el cual se enjuiciaban a las

mujeres, y estuvieron asociados a condiciones de enor-

me vulnerabilidad de quienes eran acusadas: mujeres

22 Los procesos judiciales conservados muestran un total de 103

juicios iniciados en el año 1860 en el Juzgado del Crimen de los cua-

les 36 fueron contra la propiedad, 26 contra la integridad de la per-

sona (heridas y golpes) y 17 contra la honra (13 por injurias).

21 Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Registro Oﬁcial.

Ley del 13 de agosto de 1827, p 3.

23 AGP. FLD. Tomo 3. Artículo 1 de la ley n°247 del 18 de agosto

de 1867.

Borcosque

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ner las autoridades liberales, las luchas dentro de este

último grupo ante las candidaturas presidenciales en

las elecciones de 1868 y la “nueva cuestión San Juan”

en 1869 se reflejaron en una mayor intervención de la

justicia penal provincial. En estos años sobresalen las

causas por los delitos de rebelión e invasión, en espe-

cial en el año 1867, y los de hurtos y robo de animales

en el año siguiente. Las heridas y “estropeos” ﬁguraban

también entre los principales crímenes, como así tam-

bién los delitos contra el honor –calumnias e injurias-

los que fueron causa de numerosos procesos judiciales.

la Corte Suprema y ﬁnalmente no fueron conﬁrmadas

(Zimmerman, 2010).

En relación a lo anterior, en este periodo, a la justicia

local se le sumó el accionar de la justicia federal, ins-

talada en la provincia desde el año 1865. El juzgado

federal, emplazado en la capital, entendía en asuntos

civiles y penales de delitos federales y, en estos pri-

meros años, estuvo dedicado casi exclusivamente, al

juzgamiento y castigo de los acusados por rebelión y

otros delitos asociados, como complicidad, hurto, robo

y desacato (tabla 3). La gran cantidad de juicios lleva-

dos adelante por rebelión²⁴dan indicios, primero, de la

De lo expuesto anteriormente, resulta indudable que en

estos años se implementó un conjunto de normativas y

prácticas que buscaban reprimir los comportamientos

delictivos de un conjunto de sujetos de la sociedad.

Sin embargo, lejos de ser un proceso unidireccional,

las leyes y los funcionarios buscaron al mismo tiempo

suavizar el peso de la ley y lograr mayor consenso de

los ciudadanos a la hora de gobernar. Amnistías y sen-

tencias favorables a los penados en los casos de apela-

ción a los tribunales superiores fueron también prácti-

cas habituales por esos años. Solo a modo de ejemplo,

podemos mencionar el caso de las condenas del juez

federal de San juan por rebelión, que fueron apeladas a

24 En estos años, los levantamientos y focos insurreccionales impli-

caron un incremento de juicios por sedición y rebelión en los juzgados

federales de San Juan y otras provincias afectadas. Así, Sarmiento

indicaba “... no obstante, su incansable actividad, no alcanza en 1869

a despachar los centenares de causas criminales por insurrección,

sedición y traición que le vienen en apelación de San Juan, Mendoza,

Catamarca, La Rioja y San Luis, a consecuencia de los movimientos de

1866, en que fueron envueltas ciudades enteras porque coadyuvaron

directa o indirectamente en la revuelta” (Zimmerman, 2010, 258).

Tabla N° 3: Cantidad de juicios penales del Juzgado

Federal en la provincia de San Juan (1867-1886)

Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Archivo Ge-

neral de la Nación. Memorias del Ministerio de Justicia, Culto e

Instrucción Pública, años 1867 a 1886.

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TRAMAS SOCIALES • N° 06 | ISSN: 2683-8095

relevancia de estos jueces como instrumento más para

reprimir los levantamientos rebeldes y las incursiones

armadas que amenazaban a los gobiernos de la región,

aunque morigerado por la Suprema Corte de Justicia

que no refrendó muchas de las sentencias de los jue-

ces federales (Zimmerman, 2010; Bragoni, 2008). En

segundo lugar, de su papel complementario a la justi-

cia provincial en su rol represivo de estos delitos, como

vimos anteriormente.

Como en el anterior Reglamento de Justicia, el Supe-

rior Tribunal tenía el control y responsabilidad de toda

la administración de justicia. Así, como encargado

de que los funcionarios cumplieran con sus deberes,

debía corregir las faltas y aplicar las medidas discipli-

narias correspondientes.²⁷Estaba compuesto de tres

jueces o vocales²⁸, uno de ellos con funciones de pre-

sidente, quien podía individualmente sustanciar las

causas, pero para las sentencias debía formarse el tri-

bunal completo. Ahora se especiﬁcaba que recaía en el

Poder Ejecutivo la elección de sus miembros titulares

como de los doce suplentes o conjueces, de una terna

propuesta por la Legislatura provincial. En relación a

sus atribuciones penales, entendían en segunda ins-

tancia en las causas traspasadas por los jueces letrados

por apelación o ante delitos y penas especíﬁcas (por

ejemplo, la pena de muerte) y en primera instancia en

los pleitos entre los ciudadanos y las autoridades de los

distintos poderes o entre los miembros del gobierno.

3. La organización del poder judicial y

los delitos entre 1870-1886

La organización judicial establecida por el Reglamento

de 1855 se mantuvo casi sin modiﬁcaciones hasta 1869,

cuando se redactó y sancionó una nueva legislación

organizativa de este poder, que comenzaría a aplicar-

se a partir del año siguiente. Una vez eliminados los

ejércitos y gobiernos surgidos de la “revolución de los

Colorados”, los gobiernos liberales de Ruperto Godoy

(1869), José María del Carril (1869 a 1872), dedicados a

elaborar un conjunto de leyes que tenían por objetivo

estructurar y ordenar el poder judicial. Así, se aprobó

una la Ley de Enjuiciamiento (de procedimiento ju-

dicial), otra de juicio político, una ley sobre aranceles

para los trámites judiciales, una ley de organización de

los juzgados de Paz, así como un reglamento interno

del Tribunal Superior y de los juzgados inferiores. A

estas normativas que organizaban los asuntos judi-

ciales, se sumaron otras que atendían a las cárceles y

a la policía; el reglamento de la Casa de Corrección de

Mujeres y el reglamento que ordenaba las funciones

En cuanto a la intervención en procesos criminales, al

igual que en el Reglamento de 1855, los Jueces de Paz

–tanto de la ciudad como de la campaña- tenían la po-

sibilidad de iniciar causas en los casos de delitos leves,

explicitados en el texto de la ley en función del casti-

go. Es decir, al no existir una codiﬁcación penal, una

inicial tipiﬁcación de delitos se incorporó al texto de

esta ley. Estos jueces eran nombrados por el Ejecutivo

y debían cumplir algunos requisitos: ser mayores de

veintidós años, saber leer y escribir y poseer propiedad

rentable o profesión. Además, al tiempo que limitaba

el ejercicio de cualquier función extrajudicial ejercida

hasta ese momento²⁹, la normativa dictaminaba que

25

y estructura de la policía provincial. Entre ellas fue

central la Ley Orgánica del Poder Judicial, sancionada

en junio de 1869 y que se organizó en quince títulos y

153 artículos, además de algunas disposiciones gene-

rales y transitorias.²⁶Establecía dos circunscripciones

o departamentos judiciales: el de la Ciudad y el de la

villa de Jáchal, desapareciendo la anterior de Valle Fér-

til que había sido instituida por el reglamento de 1855.

Dos eran las instancias judiciales; una superior –de-

nominado ahora Supremo Tribunal de Justicia- y otra

inferior –los juzgados de Paz y de Letras.

27 Además de estas funciones, podían expedir disposiciones re-

glamentarias para el régimen interno de las oﬁcinas, designar a los

escribanos en los juzgados y otorgar títulos, previo examen, de abo-

gados, escribanos, procuradores, oﬁciales de justicia, contadores,

peritos y traductores.

28 Los requisitos para los miembros del Superior Tribunal eran

tener 25 años, poseer ciudadanía argentina y el título de aboga-

do. También indicaba su condición de cargo rentado y los montos

del salario mensual recibidos por los jueces titulares, así como la

duración en el cargo era indeterminada mientras tuviesen buena

conducta.

25 AGP. FLD. Tomo 3 [T]. Leyes 226, 297, 299, 321, 327, 341, 345, 348

y 424, aprobadas entre abril de 1869 y junio de 1870.

29 Hasta la sanción de la ley los jueces de paz ejercían, en algu-

nos casos, múltiples funciones en los departamentos de campaña:

de policía, administrativas, ﬁnancieras, etc. No era raro que en las

26 AGP. FLD. T 3. Ley 328 del 19 de junio de 1969

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Justicia penal, control social y delitos en el contexto de conformación del Estado... | 26 - 43

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quienes eran designados, debían asumir obligatoria-

mente el cargo y sus funciones. Si bien debía nombrar-

se un juez de Paz en cada departamento o distrito, ante

la escasez de agentes en algunas localidades más ale-

jadas, se uniﬁcaron dos o más municipios en una sola

jurisdicción a cargo de un magistrado.³⁰

adelante por los jueces letrados o el Superior Tribunal.

Se indicaba que las funciones de estos agentes eran

representar y defender la causa pública -en especial

ante los delitos de abusos a la libertad de imprenta-,

solicitar el castigo de las personas acusadas y cuidar

del cumplimiento de las condenas a los presos/as y

sentenciados/as. El Defensor de Pobres y Menores en

la Capital intervenía en los juicios cuando los/as acu-

sados/as eran declarados pobres para litigar o no po-

dían proporcionarse un abogado y en la defensa de los/

as menores enjuiciados/as que no tuviesen tutor o cu-

rador. Por otro lado, la intervención del Escribano de

actuación en lo criminal era obligatoria en todas las

actuaciones judiciales penales, tanto de los jueces le-

trados como del Superior Tribunal.

La circunscripción de la Capital estaba compuesta por

dos jueces letrados y la de Jáchal por un solo juez, to-

dos con jurisdicción en asuntos civiles, mercantiles, de

minas, de hacienda y criminales.³¹En relación a este

último aspecto, los jueces letrados tenían funciones

ilimitadas en todo tipo de delitos, salvo los que eran

competencia del Superior Tribunal de Justicia o de los

jueces de Paz. Una novedad fue la supresión del Juz-

gado del Crimen en 1869, pasando los juicios penales

a alguno de los otros jueces letrados de la Capital. El

juez de turno podía entender en causas criminales,

aunque no estaba designado especíﬁcamente para esta

función. En este sentido, se prohibió también que los

jueces letrados o de Paz instruyeran procesos de oﬁ-

cio, por lo que los juicios sólo podían ser iniciados por

querellas particulares.³²Es claro que esta disminución

en la cantidad de agentes judiciales y atribuciones res-

pondía a las grandes diﬁcultades económicas y pre-

supuestarias, que fueron especialmente duras para el

año 1869 y los siguientes.³³

Esta ley de organización judicial se completó con la

sanción de una de Enjuiciamiento penal en julio de

1869, la primera normativa de procedimiento criminal

en la provincia y que estaría en vigencia por 35 años.

En relación a las disposiciones sobre justicia criminal,

esta ley implicó algunos cambios en relación a una

mayor previsibilidad y menor arbitrariedad en los pro-

cesos ya que especiﬁcaba la formación, continuidad y

término de los juicios criminales en primera instancia

(denuncia, sumario, detención, prisión, incomunica-

ción, embargo de bienes, excarcelación bajo ﬁanza),

del procedimiento criminal en plenario, de la segunda

instancia, del juicio criminal en rebeldía y de las actua-

ciones en lo penal por parte del Tribunal Superior. En

síntesis, ordenaba el procedimiento de las causas judi-

ciales, las atribuciones de los agentes intervinientes,

los tiempos en las actuaciones e inclusive las penas a

funcionarios que no siguieran lo estipulado en el arti-

culado de la ley. En relación a esto último, era evidente

que la normativa buscaba mitigar las parcialidades de

funcionarios policiales y judiciales, ya que cada pro-

cedimiento era acompañado de las penalidades a los

jueces y demás agentes que no cumplieran con el pro-

cedimiento y los tiempos indicados.

El Ministerio Fiscal de la ciudad estaba desempeñado

por un Procurador Fiscal, quien ejercía la acción pú-

blica en las causas correccionales o criminales llevadas

localidades alejadas de la ciudad los cargos y funciones de juez de

Paz, comisario y subdelegado recayeran en una misma persona.

30 Por ejemplo, el municipio de Las Lagunas pasó a la jurisdicción

de Caucete, el de Huaco quedó incorporado al de Pampa Vieja, va-

rios del sur de la provincia pasaron a depender de juzgado de Hua-

nacache. AGP, FLD, T 3, Ley 346 del 22 de julio de 1869.

Entre 1870 y 1886 no hubo grandes modiﬁcaciones en

relación a la estructura del poder judicial de la capital

ni en el número de agentes judiciales existentes, tal

como se desprende del análisis de los presupuestos

anuales. El número total de empleados con salario se

mantuvo constante, incluso algunos años con menos

funcionarios, con un promedio de doce funcionarios.

Se mantuvieron constantes los jueces del Superior

Tribunal, los jueces de letras, el ﬁscal y defensor, los

secretarios y otros de menor rango. Otras normativas

que regularon el receso estival de los juzgados, nue-

31 Estos jueces letrados también eran nombrados por el Ejecutivo

a propuesta de una terna por parte de la Poder Legislativo, su salario

era pagado con las arcas estatales y como condición para ejercer el car-

go debían ser abogados, mayores de veinticinco años y ciudadanos.

32 AGP, FLD, T3. Ley del 1 de abril de 1869

33 Al respecto Horacio Videla manifestaba “...la estrechez y las

penurias en las ﬁnanzas no dieron maniﬁestamente tregua desde

antes de Sarmiento a ningún gobernante sanjuanino.” (1976, 599)

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vos días de visita a la cárcel y salarios de los agentes.³⁴

Si bien la cantidad de abogados titulados aumentó

en relación al periodo anterior, continuaban siendo

muy pocos en relación al número de causas de los

juzgados y esto conspiraba muchas veces contra la

celeridad y transparencia de los procesos.³⁵Por esto,

en un intento por limitar la intervención en los jui-

cios de abogados y procuradores sin patente, en 1881

se sancionó una ley que disponía que los jueces de

“los Tribunales tampoco permitirán que ante ellos se

ejerza la profesión de Abogados, sin que el que pre-

tensa hacerlo justiﬁque haber tomado la patente que

le corresponde.” ³⁶

Además, mientras se esperaba la aprobación del código

penal nacional, San Juan se adoptó en 1878 el que ya

regía para la provincia de Buenos Aires.³⁷Sin embargo,

a pesar de esta disposición, en los juicios coexistieron la

aplicación de las normativas coloniales, los textos de Car-

los Tejedor de 1860 y de 1866 junto con el nuevo código.

En relación al accionar judicial en lo criminal entre

1870 y 1886 observamos, en primer lugar, un abrupto

descenso en la cantidad de juicios llevados adelante

por la justicia provincial, tanto en los guarismos anua-

les como en el total del periodo (ﬁgura 1). Si entre 1855

y 1869 el total de juicios penales fue de 1054, en el pe-

riodo siguiente descendió a unos escasos 243 juicios.

Esto pudo responder a varias razones. Primero, la su-

presión del juzgado del Crimen por parte del gobierno

provincial en 1869, con la consecuente disminución de

los agentes judiciales dedicados al control penal, debió

34 AGP. FLD, Ley n° 676 del 12/10/1876 que establecía “feriado”

para el poder judicial del 7 de diciembre al 7 de enero. La ley n° 680

del 20 de noviembre de 1876 que establece nuevos días de visita a la

cárcel y la ley n° 695 del 21 de junio de 1877 que ﬁjaba el sueldo para

el Juez de Letras de Jáchal.

35 Es muy difícil determinar la cantidad de abogados titulados

existentes en la provincia. El censo de 1895 indica 24 abogados en la

provincia y 16 escribanos e igual número de procuradores. Segundo

Censo de la República Argentina (1898), Tomo II, Capítulo 3, p. 441

37 La ley provincial de julio de 1878 indicaba en su art 1° que

“Mientras no se dicte por el Congreso Nacional el Código Penal de

la República, declárase Código Penal de la Provincia de San Juan el

adoptado por la de Buenos Aires por Ley del 3 de setiembre de 1877.”.

El Código comenzó a regir en San Juan desde el 1 de enero de 1879.

AGP. FLD. Ley 740 del 31 de julio de 1878

36 AGP. FLD. Artículo 3° de la Ley n° 824 del 23 de agosto de 1881, f. 44

Tabla N° 4: San Juan. Funcionarios del Poder Judicial

de la Capital según leyes de presupuestos anuales

1870-1886

Elaboración propia en base a: AGP. FLD. Leyes de presupues-

tos para los años 1870, 1880 a 1886

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Figura N° 3: San Juan: cantidad y tipo de delitos se-

gún procesos judiciales provinciales (1870-1886)

Elaboración propia a partir de las carátulas de los juicios exis-

tentes en AIPJ, Fondo Penal, Cajas entre 1855 y 1869

haber impactado en el accionar de estas instituciones,

pudiendo explicar la disminución señalada, por lo me-

nos en los primeros años del periodo. Segundo, una

disminución en los conflictos políticos y militares a par-

tir de 1870 con la eliminación de los principales grupos

rebeldes opositores al gobierno nacional y provincial.

También esta disminución se dio en el accionar del tri-

bunal federal (tabla 3), cuyos guarismos presentan una

enorme merma en este tipo de causas, con excepción

del año 1875. El accionar del juez federal en la provincia

avanzó sobre los imputados por la revolución de ﬁnes de

1874, conflicto originado a nivel nacional por el enfren-

tamiento entre Mitre y Avellaneda que tuvo repercusio-

nes nivel local y que ﬁnalizó con la derrota de los mitris-

tas en San Juan y de sus líderes. (Varese y Arias, 1966).

disminuyeron su importancia en el total, pasando de

21,3 % al 17%. Sin embargo, en este caso las lesiones y

golpes seguían asociados a individuos que, frecuente-

mente, también eran detenidos por las contravencio-

nes policiales de desórdenes, ebriedad, portación ilegal

de armas, entre otras.³⁸

Ya los años ochenta se caracterizaron por una dismi-

nución del accionar judicial provincial en la represión

de los delitos (ﬁgura 1). Aunque sabemos que los juicios

guardados en el Archivo del Poder Judicial es solo una

parte del total, es claro que el número de causas pena-

les cayó ostensiblemente, situación semejante a la ocu-

rrida en la justicia federal (tabla 3). Si bien no podemos

aﬁrmar que la conflictividad política e institucional se

redujo, ésta viró hacia el interior del estado provincial,

en el que las distintas facciones partidarias se dispu-

taban el acceso al poder. Eliminado el peligro de las

montoneras y los invasores, la clase culta o de los regene-

radores³⁹, agrupados en clubes políticos, se disputaron

Por otro lado, analizando la tipología de delitos en los

juicios de la justicia provincial, podemos indicar algu-

nas continuidades y diferencias con la etapa anterior.

Desde 1870, los juicios iniciados por atentados contra

la propiedad, en especial hurtos y abigeato, se encon-

traron entre los más numerosos, representando el 28

% del total, porcentaje similar al 30% del periodo prece-

dente. Importancia similar tuvieron los delitos contra

la honra – principalmente el de calumnias e injurias

– que representaban el 16%, guarismo idéntico al ob-

servado anteriormente. Asimismo, se pueden observar

algunos cambios; primero, un aumento de los delitos

contra la vida, que pasaron de representar el 10% en la

anterior etapa al 18% en estos años. A su vez, los pro-

cesos judiciales que se iniciaron por heridas y lesiones

38 Un ejemplo de esta situación se puede encontrar en el informe

del Jefe de policía para el año 1893 en el que se indicaba que de los

1122 detenidos ese año, 621 lo fueron por ebriedad, 89 por desórde-

nes y el resto por portación de armas y otras contravenciones.

39 Tanto Videla (1976) como Varese y Arias (1966) coinciden en

destacar que la transformación estatal desde ﬁnes de la década de

1870 se debió a la consecución de los proyectos ideológico-políticos

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los cargos gubernamentales. Por otro lado, es claro que

las elites gobernantes también buscaron conciliar con

aquellos que habían apoyado a la oposición en los en-

frentamientos políticos, por lo que otorgaron amplias

amnistías a los complotados y otorgaron concesiones

a pedidos de gracia. Así, a mediados del año 1877 se

otorgó una amnistía a los condenados por sedición y

rebelión y a ﬁnes del mismo año, se indultó a quienes

habían participado del movimiento revolucionario en

septiembre de ese año.

4. Reflexiones finales

Desde mediados del siglo XIX, en la medida que se

organizaba el estado nacional y provincial, se fueron

instituyendo paulatinamente las agencias provincia-

les que se encargaron de la represión y castigo de los

delitos. Lejos de ampliarse, la estructura judicial esta-

blecida en el primer Reglamento de Justicia en 1855, no

sufrió sustanciales modiﬁcaciones en las normativas

siguientes aquí analizadas. Lo mismo sucedió con el

número de funcionarios que entendían en cuestiones

criminales ﬁnanciados por el erario provincial -juez

del crimen, jueces de paz, Superior Tribunal de Jus-

ticia, ﬁscales y defensores- que se mantuvieron con

pocas variaciones en el periodo e, inclusive, hubo mo-

mentos en que disminuyó en número de autoridades.

El contexto de enorme conflictividad bélica y política

nacional, en la que San Juan tuvo un papel central en

las décadas de 1860 y 1870; la inestabilidad de los go-

biernos, el recambio permanente de las autoridades y

las arcas invariablemente deﬁcitarias contribuyeron a

esta situación.

Hacia la década de 1880, un conjunto de reformas ju-

diciales a nivel nacional, como la promulgación del

código Penal en 1886 y del Código de Procedimientos

Criminales en 1888, implicó cambios en las leyes y

procedimientos penales. Entendida esta transforma-

ción como un avance en la transparencia, previsibili-

dad y rapidez en la administración de la justicia penal

(Salvatore, 2010; Caimari, 2002), también los juristas

sanjuaninos buscaron incorporar algunas de estas ca-

racterísticas en las normativas y prácticas judiciales

locales. De este modo, a comienzos de la década del 80

se autorizó al ejecutivo a nombrar una comisión para

avanzar con las reformas judiciales, sin embargo pa-

saron algunos años hasta su efectiva conformación y

funcionamiento.⁴⁰Posiblemente el escenario de cons-

tantes enfrentamientos entre el oﬁcialismo y la oposi-

ción, intentos de motín, destitución y restitución de

gobernadores, juicios políticos y luchas electorales im-

pidió que se avanzara en la reforma del poder judicial y

recién en la gestión del gobernador Doncel (1884-1887)

se nombró un tribunal de juristas que prepararon una

nueva ley orgánica y los códigos de procedimiento del

Poder Judicial. Ambos fueron aprobados por ley en

noviembre de 1886⁴¹; sin embargo, comenzaron a re-

gir efectivamente recién desde marzo de 1890 (Vide-

la, 1976). Respecto al código de procedimiento, sólo se

elaboró en materia civil y comercial y no se avanzó en

uno de procedimiento penal, continuando vigente el

de 1869 hasta los primeros años del siglo XX.

Por otro lado, la organización de las autoridades judi-

ciales, policiales y carcelarias; el funcionamiento de los

juzgados y del Tribunal Superior, el procedimiento de

los procesos judiciales y las penalidades, que aparecían

uniﬁcados en el reglamento del 55, fueron organiza-

dos con legislaciones especíﬁcas a partir del segundo

periodo estudiado (1870-1890). Una novedad que se in-

corporó con la Ley del Poder Judicial aprobada en 1869,

fue la eliminación de la circunscripción de Valle Fértil;

de esta manera la estructura de la justicia a quedó con

las dos jurisdicciones que se mantienen hasta la ac-

tualidad: la de Capital y la de Jáchal. También la ley de

Enjuiciamiento, sancionada ese año y vigente hasta co-

mienzos del siglo XX, intentó ordenar más claramente

el procedimiento legal y penal. La obligación de jueces

y ﬁscales a ceñirse a las normativas y códigos penales

cada vez que intervenían en los procesos judiciales im-

plicaba reducir las arbitrariedades y hacer más previ-

sibles los fallos.

de las élites ilustradas locales, en coincidencia con el programa lle-

vado adelante por los grupos dirigentes nacionales. En este sentido

esta historiografía sanjuanina se circunscribe a la que algunos au-

tores denominan análisis del “Estado desde arriba” (Bohoslavsky y

Soprano, 2010).

Respecto de los delitos, los dos periodos analizados

muestran algunas semejanzas y también diferencias.

En primer lugar, vemos que los crímenes contra la pro-

piedad, robos y hurtos, fueron los más perseguidos

judicialmente en ambas etapas, aunque en la primera

se reprimió especialmente el robo de ganado, mientras

que, en la segunda etapa perdió preeminencia entre las

causas judiciales. Los homicidios y demás atentados a

la vida de las personas tuvieron mayor importancia re-

40 AGP. FLD. Ley n° 823 del 28 de agosto de 1881.

41 AGP. FLD. Ley n° 1007 del 4 de noviembre de 1886

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lativa en el segundo periodo aquí analizado y, al igual

que en el primer periodo, el infanticidio continuó sien-

do uno de los principales motivos por el que se enjui-

ciaba a las mujeres. Por su parte, comparando las dos

etapas aquí estudiadas, vemos que las transgresiones

contra la honra de las personas, generalmente con in-

tervención de la prensa, disminuyó su importancia en

el conjunto de causas judiciales. Posiblemente, la san-

ción de la Ley de Imprenta en 1872 con la implemen-

tación de un Jurado especíﬁco para intervenir en las

denuncias por calumnias e injurias contribuyó en esta

situación.

Borcosque, L. (2011). Desarrollo y consolidación de

la vitivinicultura sanjuanina (1870-1915). Revista

Páginas 3(4), pp. 103–133. https://doi.org/10.35305/

rp.v3i4.123

Borcosque, L. y Kaluza, E. (enero-junio de 2020).

“Mujeres, delito y justicia penal: los delitos de in-

fanticidio en San Juan en el contexto de forma-

ción del estado provincial (1853-1922). En Revista

Historia de las Prisiones, 10. Disponible en: ht-

tps://www.revistadeprisiones.com/wp-content/

uploads/2020/07/1.-Borcosque_Kaluza.pdf

En San Juan recién desde 1878 se adoptó el Código

Penal de la provincia de Buenos Aires, que determinó

delitos y penas y que fue sustituido en 1886 por el Có-

digo Penal nacional. Esto signiﬁcó que se dejaba atrás

el conjunto de codiﬁcación hispana colonial, que ha-

bía sido la base jurídica penal en las causas judiciales

de la primera etapa. Finalmente, la justicia federal en

la provincia desde su creación en 1865, tuvo un papel

esencial en la represión de las sucesivas invasiones y

rebeliones que se dieron durante la segunda mitad de

la década de 1860. Ya en la segunda etapa, salvo en el

año de 1875 en que intervino por el conflicto generado

en la provincia por el enfrentamiento entre facciones

de los grupos gobernantes, hubo una gran disminu-

ción de causas penales, llegando algunos años a iniciar

solo una o dos juicios por delitos.

Bragoni, B. (2008, julio). Cuyo después de Pavón: con-

senso, rebelión y orden político, 1861-1874. Actas

de las Jornadas de Historia Política. De la periferia al

centro: la formación del sistema político nacional, 1852-

1880. Facultad de Derecho, Universidad Nacional

de Cuyo.

Caimari, L. (2002). Castigar civilizadamente. Rasgos

de la modernización punitiva en la Argentina.

(1827-1930). En Gayol, S. y Kessler, G. (comps.) Vio-

lencias, delitos y justicias en la Argentina. Manantial,

pp. 141-167

Ferrá, M. et al. (2007). Archivo del Brigadier General Na-

zario Benavides. San Juan Ed. Universidad Nacio-

nal de San Juan.

Ferrari, A. (1993). Evolución territorial de los departamen-

tos de frontera y de límite interprovincial de San Juan

a través de las leyes municipales. 1869-1973. (Tesis de

grado inédita) recuperada de IHRA-FFHA. Uni-

versidad Nacional de San Juan.

Referencias bibliográficas

Agüero, A. (enero-junio 2011). Tradición jurídica y

derecho local en época constitucional. El “Regla-

mento para la administración de justicia y poli-

cía en la campaña” de Córdoba, 1856. Revista de

Historia del Derecho Sección Investigaciones 41,

INHIDE, pp. 1-43.

Graham, R. (2009). Os números e o historiador não

cuantitativo. En Boletim de História Demográﬁca. 16

(55).

Bohoslavsky, E. y Soprano, G. (2010). Una evaluación y

propuestas para el estudio del Estado en Argenti-

na. En Bohoslavsky, E. y Soprano, G. Un Estado con

rostro humano. Funcionarios e instituciones estatales

en Argentina (desde 1880 a la actualidad), pp. 9-55,

Buenos Aires, Prometeo.

Hespaña, A. (2002) (2002), Cultura jurídica europea. Sín-

tesis de un milenio, Tecnos.

Levaggi, A. (1978). Historia del derecho penal argentino.

Pierrot Ed.

Masseroni, S. (2016). Análisis de datos cuantitativos en

ciencias sociales: etapas, posibilidades e interpretación,

el papel de la teoría. Mnemosyne

Borcosque, L (septiembre de 2019). Criminalidad fe-

menina, infanticidio y castigo en San Juan a me-

diados del siglo XIX. El caso de Juana A. (1863). En

Actas del Tercer Congreso Nacional de Sociología-

Pre ALAS Perú. Universidad Nacional de San Juan.

Olaza Pallero, Sandro (2020). Carlos Tejedor y su Curso

de derecho criminal. Un aporte a la enseñanza del

Borcosque

Justicia penal, control social y delitos en el contexto de conformación del Estado... | 26 - 43

42

ARTÍCULOS LIBRES

TRAMAS SOCIALES • N° 06 | ISSN: 2683-8095

derecho penal y a la circulación de las ideas jurídi-

Segundo Censo de la República Argentina año 1895.

cas en la Universidad de Buenos Aires. En Pensar en

derecho, 9 (17), Facultad de Derecho, Universidad de

Buenos Aires

(1898). Tomo II

Tejedor, C. (1860). Curso de Derecho Criminal. Imprenta

Argentina. Tomo I

Ramella, S. (1974). La organización del poder judicial

en San Juan hasta 1887. Cuadernos, 10 (11),San Juan,

Universidad Católica de Cuyo.

Tejedor, C. (1866). Proyecto de Código Penal para la Repú-

blica Argentina. Imprenta del Comercio del Plata

Ratti, F. (julio-diciembre 2020). Origen y evolución de

las Cámaras Federales de Apelaciones en la Repú-

blica Argentina. Revista de Historia del Derecho, 60,

Instituto de Investigaciones de Historia del Dere-

cho, Sección Investigaciones, pp. 111-140

Varese, C.; Arias, H. (1966). Historia de San Juan, Spa-

doni.

Videla, H. (1976) Historia de San Juan. Tomo IV (Época

Patria), Academia del Plata.

Rueda Barboza, M. I. (2021). La tipografía y sus indi-

cios: el caso de un pasquín sedicioso en San Juan-

Argentina (1866). Una propuesta de abordaje del

espacio público a partir del uso de archivos judicia-

les. Revista Páginas, 13(32). https://doi.org/10.35305/

rp.v13i32.502

Yangilevich, M. (2008) Abigeato y administración de

justicia en la campaña bonaerense durante la se-

gunda mitad siglo XIX [En línea]. Anuario del Insti-

tuto de Historia Argentina, (8). Disponible en: http://

www.fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/art_re-

vistas/pr.3214/ pr.3214.pdf

Salomón Tarquini, C. [et al.]. (2019). El hilo de Ariadna.

Propuestas metodológicas para la investigación históri-

ca. Prometeo Libros.

Zimmerman, E. (1996, mayo). La formación de aboga-

dos y jueces en la Organización Nacional: Argenti-

na, 1860-1880. En Workshop “The History of Justice in

Nineteenth-century Latin America”, Institute of Latin

American Studies, University of London.

Salvatore, R. (2010). Subalternos, derechos y Justicia pe-

nal. Ensayos de Historia Social y cultura argentina

(1829-1940), Gedisa

Zimmerman, E. (2010). En tiempos de rebelión. La

justicia federal frente a los levantamientos provin-

ciales, 1860-1880. Bragoni, B. y Miguez, E (coord.),

Un nuevo orden político. Provincias y estado nacional,

1852-1880, Biblos, pp. 245-273

Sanjurjo, I. (2006). Nuevas perspectivas en la historia

de las instituciones y del derecho. Los aportes de

Antonio Hespanha Revista de Historia Americana y

Argentina, (41). U. N. de Cuyo

Borcosque

Justicia penal, control social y delitos en el contexto de conformación del Estado... | 26 - 43

43